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viernes, 21 de diciembre de 2007

CONSULTA ARRENDAMIENTOS URBANOS: CAUSAS DE RESOLUCION DE LOCAL DE NEGOCIO SOMETIDA A LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS DE 1964

¿QUE CAUSAS EXISTEN PARA RESOLVER UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO CUYA FECHA DE INICIO SE FIRMO EL UNO DE ENERO DE 1967?

Al ser el mismo de fecha 1 de enero de 1967, le es aplicable la Ley de arrendamientos urbanos de 1964. Señalarle que conforme al articulo 114 de la Ley de arrendamientos urbanos de 1964:


El contrato de arrendamiento urbano, lo sea de vivienda o de local de negocio, podrá resolverse a instancia del arrendador por alguna de las causas siguientes:

1.ª La falta de pago de la renta o de las cantidades que a esta se asimilan.
Cuando proceda la resolución por esta causa se tendrá en cuenta lo dispuesto en los capítulos anteriores y en el Decreto de 17 de octubre de 1940, relativo a los obreros y empleados españoles que se encuentren en paro forzoso, así como las disposiciones complementarias cuya vigencia se reitera. La exención de pago, cuando proceda con arreglo al citado Decreto y disposiciones complementarias, se producirá aunque la renta de la vivienda rebase de 300 pesetas mensuales, siempre que la diferencia en más se deba a la aplicación de los aumentos que autoriza esta Ley, y comprenderá las cantidades que, según lo dispuesto en los dos capítulos precedentes, corresponda abonar al inquilino en situación de paro, de las cuales podrá resarcirse el arrendador por derrama que se hará conforme al artículo octavo de dicho Decreto. En estos casos, el arrendador deberá hacer las notificaciones de que tratan los dos capítulos anteriores a la Cámara de la Propiedad respectiva y ésta se subrogará en los derechos que se confieren al inquilino.
Cuando el inquilino que se hallare en la situación de paro a que se refiere el párrafo anterior tuviese subarrendada total o parcialmente la vivienda, al amparo de lo dispuesto en esta Ley, la exención de pago de renta se limitará a la diferencia que exista entre la merced del subarriendo o subarriendos y la del arrendamiento.

2.ª El haberse subarrendado la vivienda o el local de negocio o la tenencia de huéspedes, de modo distinto al autorizado en el capítulo tercero.

3.ª Cuando en el supuesto previsto en el artículo 21 o en los subarriendos parciales de vivienda, aunque se hubieren celebrado estos con autorización expresa y escrita del arrendador, perciba el subarrendador rentas superiores a las que autoriza la presente Ley.
Notificado fehacientemente el arrendador por cualquiera de los subarrendatarios de ser abusiva la renta percibida por el subarrendador, dentro de los treinta días siguientes deberá ejercitar la acción resolutoria del arriendo, y si no lo hiciere, el subarrendatario que primero hubiere hecho la notificación, continúe o no en la vivienda, tendrá acción contra el arrendador y el subarrendador para subrogarse como inquilino en los derechos y obligaciones de dicho subarrendador, el cual será lanzado de la vivienda. Esta acción caducará a los tres meses de la fecha en que pudo ejercitarse.
El mismo derecho asistirá a los huéspedes de que trata el artículo 21.

4.ª Cuando concurra la causa segunda, párrafo A), del artículo 117, y requerido el subarrendador por el arrendador, dentro de los dos meses siguientes, no se hubiere ejercitado la acción resolutoria contra el subarrendatario.

5.ª La cesión de vivienda o el traspaso de local de negocio realizado de modo distinto del autorizado en el capítulo cuarto de esta Ley.

6.ª La transformación de la vivienda en local de negocio, o viceversa, o el incumplimiento por el adquirente en traspaso de la obligación que le impone el apartado segundo del artículo 32.

7.ª Cuando el inquilino o arrendatario, o quienes con él convivan, causen dolosamente daños en la finca, o cuando lleven a cabo, sin el consentimiento del arrendador, obras que modifiquen la configuración de la vivienda o del local de negocio, o que debiliten la naturaleza y resistencia de los materiales empleados en la construcción.

Cuando el inquilino, antes de iniciar las obras, entregare o pusiere a disposición del arrendador la cantidad necesaria para volver la vivienda a su primitivo estado, no procederá esta causa si aquéllas no debilitan la naturaleza y resistencia de los materiales empleados en la construcción de la finca, y su cuantía no excede del importe de tres mensualidades de renta.
Cuando el arrendatario se proponga realizar obras en el local arrendado para mejora de sus instalaciones o servicios, adaptándolos a las necesidades de su negocio, y no obtenga el consentimiento del arrendador, podrá ser autorizado judicialmente para llevarlas a cabo, siempre que pruebe que las obras proyectadas no debilitan la naturaleza y resistencia de los materiales empleados en la construcción de la finca, y que no afectarán, una vez realizadas, al uso de ésta por los demás ocupantes, obligándose además, a pagar la elevación de la renta que la autoridad judicial determine, si así lo pide el arrendador y aquélla lo estima justo.
Las obras realizadas quedarán en beneficio de la finca. El arrendatario estará obligado, respecto de las que no hayan supuesto mejora del inmueble, a reponer el local al estado anterior si así lo exigiere el arrendador a la terminación del arriendo por cualquier causa, debiendo afianzar el cumplimiento de esta obligación, si también lo exigiere el arrendador, en la forma y cuantía que señale la autoridad judicial.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, la necesidad de realizar las obras cuando las mismas vengan expresamente impuestas por decisión administrativa.
Las normas comprendidas en los tres párrafos anteriores serán de aplicación al arrendamiento de viviendas en cuanto a las obras que el inquilino se proponga realizar de su cuenta para establecer o mejorar las instalaciones o servicios.


8.ª Cuando en el interior de la vivienda o local de negocio tengan lugar actividades que de modo notorio resulten inmorales, peligrosas, incómodas o insalubres.
La resolución del contrato por causa de notoria incomodidad no procederá en los siguientes casos:
1.º Cuando los locales estuvieren arrendados con destino a oficinas o servicios del Estado Provincia, Municipio, Iglesia Católica o Corporaciones de Derecho público.
2.º Cuando se destinaren a Colegios o Escuelas públicas o particulares, siempre que estas últimas se hallaren constituidas y desenvolvieren su labor ajustándose a las disposiciones vigentes.
3.º Cuando se dedicaren a consultorios públicos, casas de socorro e instituciones piadosas o benéficas de cualquier clase que fueren.
Esta acción podrá ejercitarse por el arrendador a su iniciativa o a la de cualquiera de los inquilinos o arrendatarios.
La acción deberá obligatoriamente ejercitarla el arrendador cuando lo soliciten la mayoría de los inquilinos o arrendatarios que vivan en la finca, y si se desestima y fuere el arrendador condenado en costas, le asistirá el derecho de repetir contra aquellos inquilinos o arrendatarios que le hubiesen requerido para el ejercicio de dicha acción.

9.ª La expropiación forzosa del inmueble, dispuesta por autoridad competente, según resolución que no dé lugar a ulterior recurso.
En este caso podrá la administración proceder al lanzamiento por la vía administrativa, previa la indemnización a los inquilinos o arrendatarios de la finca expropiada, que nunca será inferior a las dispuestas en la sección segunda del capítulo octavo de esta Ley declarándolas y haciéndolas efectivas por dicha vía administrativa. El lanzamiento en estos casos tendrá lugar previo apercibimiento por plazo que nunca será inferior al de dos meses.

10. La declaración de ruina de la finca, acordada por resolución que no dé lugar a recurso y en expediente contradictorio tramitado ante la autoridad municipal, en el cual hubieren sido citados al tiempo de su iniciación todos los inquilinos y arrendatarios.
Cuando el peligro de ruina se declare inminente por la autoridad competente, aunque la resolución no fuere firme, podrá disponer la gubernativa que la finca sea desalojada.

11. Por no cumplirse los requisitos o no reunirse las circunstancias exigidas en el capítulo séptimo para la prórroga forzosa del contrato o concurrir alguna de las causas de denegación de la misma señaladas en el artículo 62.

12. En los casos de extinción de usufructo, cuando el titular dominical pruebe que las condiciones pactadas para el arrendamiento por el usufructuario anterior fueron notoriamente gravosas para la propiedad.

viernes, 14 de diciembre de 2007

CONSULTA ARRENDAMIENTOS URBANOS: IMPAGO DE RENTAS DE ALQUILER

TENGO UN INQUILINO QUE LLEVA DOS MESES SIN PAGARME ¿PUEDO INICIAR YA LOS TRÁMITES DE DESAHUCIO¿ ¿CUÁNTO PUEDO TARDAR EN ECHARLE? ¿QUÉ PUEDO HACER SI CUANDO RECUPERO LA CASA DESCUBRO QUE ME LA HA DESTROZADO?

Sí, por supuesto, en principio deberá requerirle para que abone las cantidades que le adeuda y una vez transcurridos dos meses podrá presentar una demanda para desahuciarle. Si Vd. desea demandarle directamente, sin requerirle ni esperar, también puede hacerlo, si bien, puede que el procedimiento termine (por enervamiento de la acción) si le paga lo que le debe antes de la celebración del juicio o si pone a disposición del tribunal o del Notario las cantidades que le adeuda, no produciéndose el desahucio.

La tardanza depende en principio de la saturación del juzgado en el que recaiga la demanda y en el grado de dificultad existente a fin de notificarle al arrendatario la misma.

Si descubre Vd., una vez producido el lanzamiento del arrendatario, que existen daños en la vivienda deberá Vd. aplicar la mensualidad destinada a fianza a la subsanación de los mismos y, si no fuese suficiente, entonces deberá Vd. acudir a los Tribunales y exigirle la reparación de los desperfectos causados, puesto que el arrendatario será responsable de los menoscabos que sufra la vivienda.

jueves, 13 de diciembre de 2007

CONSULTA ARRENDAMIENTOS URBANOS: EJECUCION AVAL BANCARIO

TENGO UN PISO ARRENDADO Y NO ME HAN PAGADO LOS DOS ÚLTIMOS MESES DE RENTA, SI BIEN, OBLIGUÉ COMO GARANTÍA AL INQUILINO A LA FIRMA DE UN AVAL. ¿CÓMO PUEDO ADQUIRIR LAS CANTIDADES DEL AVAL? ¿TENGO YO QUE JUSTIFICARLE AL BANCO QUE NO HAN PAGADO?

El aval bancario es un instrumento de garantía de pago de la cantidad asegurada. De este modo, si el inquilino ha dejado de satisfacer la renta, el arrendador podrá reclamar al banco la ejecución del aval y debe obtener de forma inmediata y sin oposición la cantidad fijada en el aval.
Por tanto, no es posible que el banco le deniegue su ejecución si a su juicio se han cumplido los requisitos necesarios para ejecutarlo, siendo suficiente, según indica la AP Alicante 16-10-01 , la reclamación del beneficiario frente al garante para entender que el obligado principal no ha cumplido, produciéndose una inversión de la carga de la prueba ya que no puede exigirse al beneficiario que acredite el incumplimiento para que nazca la obligación de pago del avalista.
Cuando a juicio del arrendador haya de hacerse efectivo el aval porque entienda que concurren los motivos necesarios para su ejecución, habrá de dirigirse un escrito a la entidad bancaria o reclamarlo directamente y acompañando los documentos oportunos que hayan pactado las partes. Reclamada la efectividad del aval, la entidad bancaria no podrá oponerse a entregar la suma señalada en el aval.
Una vez ejecutado el aval, el arrendatario avalado es el que aparecerá como deudor de la entidad bancaria quedando el arrendador ajeno a esta relación jurídica.

Tengo una plaza de garaje en un garaje que pertenece a dos comunidades de propietarios. Una de las comunidades ha cambiado la instalación eléctrica ¿Debemos nosotros pagar parte de ese gasto por tener una plaza en el garaje?

En primer lugar hay que ver si el garaje forma una subcomunidad de garaje, puesto que lo más normal es que se formase una subcomunidad de garaje, independiente, de la que formaran parte todos los propietarios de las plazas de garaje ya sean o no de uno u otro edificio en la que tomen decisiones que afecten al cuidado del mismo.

Siendo así, no deberían participar en el pago de los gastos de renovación de la instalación eléctrica de una de las comunidades si no afecta al garaje.

Ahora bien, en el supuesto de que no existan comunidades independientes sino que el garaje esté integrado en una Comunidad general y única, formada por las dos comunidades de los dos edificios, habrá que atender a lo dispuesto en los estatutos de esa única Comunidad respecto al sistema de distribución de los gastos.
Si en ellos se establece que todos están obligados al pago de los gastos de los elementos comunes de toda la Comunidad general, también los propietarios de las plazas del garaje estarán obligados a contribuir en función de los coeficientes asignados a cada una de las plazas salvo que expresamente se prevea en dichos estatutos comunes una cuota concreta y general para el garaje.

COMPARATIVA DE TARIFAS ELECTRICAS