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jueves, 3 de enero de 2008

TRIBUNA ABC INMOBILIARIO: JUICIOS DE DESAHUCIO MAS RAPIDOS

JUICIOS DE DESAHUCIO MAS RAPIDOS

Muchos propietarios de inmuebles de la Comunidad de Madrid que deseen arrendar los mismos, se alegraran al conocer que a partir de enero de 2008, contaran con seis nuevos juzgados especializados en procedimientos de desahucio que se encargaran de atender y agilizar las demandas por impago de rentas y desahucio.

En la Comunidad de Madrid los propietarios de inmuebles arrendados, a través del juicio de desahucio, tardan de doce a dieciocho meses en desahuciar a un inquilino moroso.
En otras comunidades autónomas, cómo Cataluña, esta medida de incorporar nuevos Juzgados no se va implantar, dado que según últimas manifestaciones del Tribunal Superior de Justicia los casos de desahucio se resuelven en menos de tres meses.
Para poder disfrutar de este tipo de juicios rápidos, se agilizaran las notificaciones, se limitara el plazo que el inquilino dispone para pedir asistencia legal gratuita, no pudiendo servirse de ello para retrasar el proceso, se acortara el plazo para que los inquilinos paguen las rentas impagas desde notificación de sentencia de dos meses a quince días. Uno de los problemas que cuenta a día de hoy, el propietario/arrendador es que para poder presentar una demanda de desahucio, nuestra regulación jurisprudencial establece que desde que se produce el impago ha de esperar al menos dos meses para presentar la misma. El Ministerio de Vivienda pretende reducir ese plazo de dos meses a un mes para que la propiedad tras acreditar ese impago pueda presentar la correspondiente demanda de desahucio solicitando las rentas impagadas y el desalojo del inquilino moroso.
Respecto al objetivo de agilizar las notificaciones, se pretende recortar los plazos de notificación existentes desde que el arrendador presenta la demanda, se admite ésta a tramite, y se le comunica al arrendatario moroso. Respecto a la celebración de la vista, no se va a posibilitar aplazar ésta en el caso de que el inquilino moroso no se presente a la misma.
Una argucia legal aprovechada por los inquilinos morosos para retrasar los juicios de desahucio, y por ende su lanzamiento, es la de solicitar asistencia jurídica gratuita el mismo día del juicio. Esta solicitud obliga a los jueces a tener que esperar a que el Colegio de Abogados le nombre un abogado de oficio. Para evitar esto y no se dilate la espera del arrendador en recuperar la posesión de su inmueble arrendado, se fijará un plazo para que el inquilino puede solicitar defensa jurídica gratuita antes de la celebración del juicio para que pueda celebrarse en debida forma y respetando el derecho a la defensa letrada del inquilino moroso en el plazo previsto.
Asimismo se pretende recortar el plazo del lanzamiento del inquilino moroso tras dictar el Juez correspondiente sentencia condenatoria, por la que el inquilino moroso deba desalojar la vivienda arrendada por impago de rentas.

viernes, 21 de diciembre de 2007

TRIBUNA ABC INMOBILIARIO: MAS JUZGADOS

TRIBUNA ABC INMOBILIARIO:
MAS JUZGADOS

Con el fin de fomentar el mercado de alquiler, el Ministerio de la Vivienda en colaboración con el Ministerio de Justicia pretende modificar la ley procesal en materia de vivienda, haciendo uso de los juicios rápidos para la reclamación de deudas y creando los diez primeros juzgados destinados a agilizar los desahucios y el desalojo de los inquilinos morosos. De momento se desconoce en qué comunidades autónomas comenzarán a funcionar estos tribunales especiales y los plazos de ejercicio de la acción de reclamación de rentas y desahucio.
Ya en el año 2003, se reformó la ley de Enjuiciamiento Civil introduciendo la novedad de las Oficinas de Señalamiento Inmediato que se encargarían de desarrollar funciones de registro y reparto de demandas, señalamiento de vistas, comparecencias y actuaciones en procedimientos de desahucio. Se desconoce si el Ministerio de Vivienda, contará con estas Oficinas de Señalamiento para agilizar la acción de desahucio por impago de rentas. Estas medidas harán posible que el propietario (al tener mayor seguridad y garantía jurídica), deje de temer en convertirse en arrendador. Con ello crecerá la oferta de alquiler y por ende bajará el precio de venta de los inmuebles.
Es un hecho notorio el que para dinamizar el mercado de alquiler en España, se ha de conseguir la agilización de los desahucios de inquilinos morosos.
No se puede consentir que nuestra ley procesal, con la que a día de hoy contamos, sirva al inquilino moroso como mecanismo para permanecer más tiempo en la vivienda, con el consabido perjuicio para el arrendador. Se hace necesario garantizar al propietario de la vivienda, que en caso de impago de su inquilino podrá resolver el contrato de arrendamiento y desahuciar al inquilino moroso de una forma urgente y rápida.
A día de hoy un desahucio tarda un promedio de un año en hacerse efectivo. No podemos dejar de olvidar que muchos de los propietarios que alquilan un inmueble de su propiedad, necesitan de modo urgente que le abonen las rentas impagadas y que el inquilino moroso “profesional o no” desaloje su vivienda alquilada para poder atender otros pagos o inversiones, cómo por ejemplo el pago de la hipoteca de la vivienda en la que reside con su familia. Son ya muchos los propietarios, los que dada la tardanza de los juzgados, se han visto abocados a vender su casa para poder hacer frente al pago de su hipoteca, tras llevar un año sin percibir las rentas del inmueble que tenían arrendado. Desde la firma del contrato de arrendamiento, contaban con esos ingresos para hacer frente al pago de su hipoteca.

viernes, 14 de diciembre de 2007

CONSULTA ARRENDAMIENTOS URBANOS: IMPAGO DE RENTAS DE ALQUILER

TENGO UN INQUILINO QUE LLEVA DOS MESES SIN PAGARME ¿PUEDO INICIAR YA LOS TRÁMITES DE DESAHUCIO¿ ¿CUÁNTO PUEDO TARDAR EN ECHARLE? ¿QUÉ PUEDO HACER SI CUANDO RECUPERO LA CASA DESCUBRO QUE ME LA HA DESTROZADO?

Sí, por supuesto, en principio deberá requerirle para que abone las cantidades que le adeuda y una vez transcurridos dos meses podrá presentar una demanda para desahuciarle. Si Vd. desea demandarle directamente, sin requerirle ni esperar, también puede hacerlo, si bien, puede que el procedimiento termine (por enervamiento de la acción) si le paga lo que le debe antes de la celebración del juicio o si pone a disposición del tribunal o del Notario las cantidades que le adeuda, no produciéndose el desahucio.

La tardanza depende en principio de la saturación del juzgado en el que recaiga la demanda y en el grado de dificultad existente a fin de notificarle al arrendatario la misma.

Si descubre Vd., una vez producido el lanzamiento del arrendatario, que existen daños en la vivienda deberá Vd. aplicar la mensualidad destinada a fianza a la subsanación de los mismos y, si no fuese suficiente, entonces deberá Vd. acudir a los Tribunales y exigirle la reparación de los desperfectos causados, puesto que el arrendatario será responsable de los menoscabos que sufra la vivienda.

lunes, 11 de junio de 2007

IMPAGO DE IBI: CAUSA DE DESALOJO DE INQUILINOS DE VIVIENDA DE RENTA ANTIGUA

EL SUPREMO CONSIDERA EL IMPAGO DEL IBI COMO CAUSA DE DESALOJO DE INQUILINOS DE VIVIENDA DE RENTA ANTIGUA

La sentencia estima que lo contrario supondría forzar a dicho arrendador a emprender anualmente una acción de reclamación contra el arrendatario incumplidor
El Tribunal Supremo, mediante sentencia de 12 de enero 2007, ha declarado como doctrina jurisprudencial que el impago por el arrendatario del Impuesto de Bienes Inmuebles, en arrendamientos de vivienda vigentes en el momento de la entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, de 24 de noviembre de 1994, ha de considerarse como causa de resolución comprendida en el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, con lo que se abre una nueva vía para el desalojo de los inquilinos de rentas antiguas.
La sentencia viene a confirmar otra anterior de la Audiencia Provincial de Santander de julio de 2002, en la que se dejaba sin validez el contrato celebrado en 1984 entre dos particulares. El motivo esgrimido por el dueño de la vivienda era que el inquilino se negaba a abonarle el impuesto de bienes inmuebles correspondiente al año 2001, por un importe de 450 euros.
La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, declara que los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados antes del 9 de mayo de 1985 que subsistan en la fecha de entrada en vigor de dicha Ley, continuarán rigiéndose por las normas relativas al contrato de inquilinato del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, con determinadas modificaciones contenidas en su disposición transitoria segunda, en la que bajo la rúbrica de "Otros derechos del arrendador", señala que éste podrá exigir del arrendatario el total importe de la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles que corresponda al arrendador.

PAGO DEL ARRENDATARIO
El Tribunal Supremo considera que la integración de ambos textos legales reguladores de la relación arrendaticia urbana determina que cuando la causa 1ª del artículo 114 del texto refundido se refiere a cantidades asimiladas a la renta está aludiendo a aquéllas cuyo pago ha de asumir el arrendatario por mandato legal, empleando una fórmula abierta que ha de ser completada con las que en cada momento establezca la legislación aplicable.
Si bajo la vigencia del texto refundido de 1964 eran, en determinados supuestos, las correspondientes a diferencias en el coste de servicios y suministros y las derivadas de la repercusión del importe de las obras realizadas por el arrendador, ahora la consideración del texto de la nueva Ley lleva a estimar que esta nueva obligación del arrendatario de satisfacer el importe del IBI ha de merecer igual consideración, de forma que su impago -en cuanto supone el incumplimiento de una obligación dineraria añadida a la esencial de abono de la renta- faculta al arrendador para instar la resolución del contrato.

ACCIÓN ANUAL DE RECLAMACIÓN
El Supremo estima que lo contrario supondría forzar a dicho arrendador a emprender anualmente el ejercicio de una acción de reclamación contra el arrendatario incumplidor de una obligación de periodicidad anual de la que ha de responder mientras el contrato esté vigente, cuyo carácter periódico comporta su necesaria asimilación a estos efectos a la obligación, también periódica, de pago de la renta.
Por otro lado, el Tribunal Supremo estima que la interpretación de las normas conforme a su espíritu y finalidad, en virtud de las disposiciones del Código Civil, lleva también a considerar que la causa resolutoria del artículo 114-1ª de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 ha de comprender actualmente el impago por parte del arrendatario del impuesto de bienes inmuebles, en tanto dicha norma tiende a proteger al arrendador frente a los incumplimientos del arrendatario respecto de obligaciones de inexcusable cumplimiento, como es ésta, y carecería de sentido estimar que, impuesta dicha obligación respecto de los contratos de arrendamiento de vivienda concertados tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, con efectos resolutorios por su incumplimiento, y extendida tal obligación del arrendatario igualmente a los contratos anteriores regidos por la Ley de 1964, opere la resolución para los primeros -en cuanto a los que el legislador dispensa una menor protección- y no respecto de los segundos amparados por un derecho de prórroga indefinido, en los que la máxima protección concedida al arrendatario ha de verse correspondida por un escrupuloso cumplimiento de sus obligaciones.

COMPARATIVA DE TARIFAS ELECTRICAS