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martes, 10 de abril de 2007

ANTEPROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA LA PREVENCION DEL FRAUDE FISCAL


Con el ánimo de continuar informando a los agentes inmobiliarios, sobre toda la normativa que les afecta directamente en su actividad de mediación inmobiliaria, adjuntamos a continuación uno de los proyectos que estan en estudio por el Gobierno: La Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal.

Uno de los grandes referentes del Anteproyecto de Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, es el fraude en el sector inmobiliario en el que las novedades se dirigen a la obtención de información que permita un mejor seguimiento de las transmisiones y el empleo efectivo que se haga de los bienes inmuebles.



Resumen SECTOR INMOBILIARIO

- Se deberán incluir en la escritura pública los medios de pago utilizados en la compra de un inmueble y el NIF de los que intervienen para poder inscribirla en el Registro de la Propiedad.

- Los contratos de arrendamiento y de suministro de energía eléctrica incluirán la referencia catastral de la vivienda.

Para ello se establece la obligatoriedad de la consignación del NIF y de los medios de pago empleados en las escrituras notariales relativas a actos y contratos sobre bienes inmuebles.

La efectividad de estas prescripciones queda garantizada al establecerse como requisito necesario para la inscripción en el Registro de la Propiedad de tales escrituras.

Esta figura del cierre registral ante incumplimientos de obligaciones de origen fiscal no constituye en ningún caso una novedad en nuestro ordenamiento. Debemos recordar, en efecto, que la normativa vigente ya contempla la figura del cierre registral en relación, por ejemplo, con las declaraciones del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Por otro lado, se exige también la consignación de la referencia catastral en los contratos de suministro de energía eléctrica y de arrendamiento o en los de cesión de uso de bienes inmuebles, para permitir su correcta identificación.


En este sentido el artículo sexto del referido anteproyecto, dentro del Capitulo II, titulado Otras normas, modifica la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, introduciendo las siguientes modificaciones

Uno. Se modifica el artículo 23, que queda redactado de la siguiente manera:


"Artículo 23


Los Notarios darán fe en las escrituras públicas y en aquellas actas que por su índole especial lo requieran de que conocen a las partes o de haberse asegurado de su identidad por los medios supletorios establecidos en las leyes y Reglamentos.

Serán medios supletorios de identificación, en defecto del conocimiento personal del Notario:

a) La afirmación de dos personas, con capacidad civil, que conozcan al otorgante y sean conocidas del Notario, siendo responsables de la identificación.

b) La identificación de una de las partes contratantes por la otra, siempre que de esta última dé fe de conocimiento el Notario.

c) La referencia a carnets o documentos de identidad con retrato y firma expedidos por las autoridades públicas, cuyo objeto sea identificar a las personas.

El Notario en este caso responderá de la concordancia de los datos personales, fotografía y firma estampados en el documento de identidad exhibido, con las del compareciente.

d) El cotejo de firma con la indubitada de un instrumento público anterior en que se hubiere dado por el Notario fe de conocimiento del firmante.

El Notario que diere fe de conocimiento de alguno de los otorgantes, inducido a error sobre la personalidad de éstos por la actuación maliciosa de los mismos o de otras personas, no incurrirá en responsabilidad criminal, la cual será exigida únicamente cuando proceda con dolo; pero será inmediatamente sometido a expediente de corrección disciplinaria con la obligación de indemnizar los daños y perjuicios que se hayan producido por tal error a terceros interesados.

Tratándose de escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles o a cualesquiera otros con trascendencia tributaria, los comparecientes acreditarán ante el Notario autorizante sus números de identificación fiscal y los de las personas o entidades en cuya representación actúen, de los que quedará constancia en la escritura."

Dos. Se modifica el artículo 24, que queda redactado de la siguiente manera:

" Artículo 24.

En todo instrumento público consignará el Notario su nombre y vecindad, los nombres y vecindad de los testigos, y el lugar, año y día del otorgamiento.

En las escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, se identificarán, cuando la contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, los medios de pago empleados por las partes."

Asimismo el artículo séptimo del referido anteproyecto, modifica la Ley Hipotecaria, de 8 de febrero de 1946 introduciendo las siguientes modificaciones:

Uno. Se modifica el artículo 21 que queda redactado de la siguiente forma:

"Artículo 21.

Los documentos relativos a contratos o actos que deban inscribirse, expresarán, por lo menos, todas las circunstancias que necesariamente debe contener la inscripción, y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos.

Las escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, cuando la contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, deberán expresar, además de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, la descripción de todos los medios de pago empleados.”

Dos. Se modifica el artículo 254 que queda redactado de la siguiente forma:

" Artículo 254.

Ninguna inscripción se hará en el Registro de la Propiedad, sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir.

No se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos relativos a actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, o a cualesquiera otros con trascendencia tributaria, cuando no consten en aquellos todos los números de identificación fiscal de los comparecientes y, en su caso, de las personas o entidades en cuya representación actúen.

No se practicará ninguna inscripción en el Registro de la Propiedad de títulos relativos a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, cuando la contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, si el fedatario público hubiere hecho constar en la Escritura la negativa de los comparecientes a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago empleados.

La escritura se entenderá aquejada de un defecto subsanable. La falta sólo se entenderá subsanada cuando se presente ante el Registro de la Propiedad una escritura en la que consten todos los números de identificación fiscal y en la que se identifiquen todos los medios de pago empleados."


LA DESAPARICIÓN FISCAL DE LAS SOCIEDADES PATRIMONIALES


A partir de 1 de enero de 2.007 desaparece el régimen fiscal especial de sociedades patrimoniales en el Impuesto sobre Sociedades, de modo que éstas pasan a tributar con arreglo al mismo régimen que cualesquiera otras sociedades.

Por: Francisco Mínguez Jiménez, abogado especializado en Planificación fiscal. Depto. Jurídico de PROMEIN.

Resumen
- Las sociedades patrimoniales no pueden seguir aplicando el régimen fiscal especial hasta ahora previsto.
- Pueden optar por continuar vigentes mercantilmente si bien aplicando el régimen fiscal general en el Impuesto sobre Sociedades.
- También pueden optar por disolverse y liquidarse con la ventaja de la exención fiscal en todos los tributos.


La recientemente aprobada Ley del IRPF (Ley 35/2006, de 28 de noviembre) con efectos a partir de 1 de enero de 2.007, aprovecha para retocar el régimen fiscal en el Impuesto sobre Sociedades de determinados aspectos concretos, debido a los informes elaborados por los técnicos del Ministerio de Hacienda en el sentido de intentar taponar algunas vías de evasión o de planificación fiscal aparecidas en los últimos tiempos.

Entre las modificaciones aprobadas destaca la desaparición del régimen fiscal especial de las sociedades patrimoniales.

Como se sabe, la aplicación a una determinada sociedad mercantil del régimen fiscal hasta ahora vigente de las sociedades patrimoniales suponía dividir la base imponible en dos partes, la parte general y la parte especial, cuantificando cada una de ellas según lo establecido en la normativa del IRPF. Ello suponía que tratándose de ventas de inmovilizados (en particular, solares, construcciones,...) se aplicaba directamente un tipo reducido del 15%, sin subordinarlo a ningún otro tipo de requisito ni exigir reinversión en activos productivos afectos a la actividad económica.

Nuevo régimen:
A partir de 1 de enero de 2.007, las sociedades patrimoniales no podrán aplicar el régimen fiscal especial hasta ahora vigente, sino que tributarán en el Impuesto sobre Sociedades con arreglo al régimen general. Sin embargo, la disposición transitoria vigésimo cuarta de la nueva Ley establece un régimen de disolución y liquidación de éstas sin coste fiscal y cuyas características principales se resumen en los siguientes extremos:

1.- Tal disolución queda exenta del gravamen de Operaciones Societarias al tipo del 1 %, que con carácter general grava las operaciones de disolución societarias, así como las fusiones o escisiones.

2.- No se tributa en el impuesto municipal sobre la plusvalía, llamado técnicamente Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en relación a los inmuebles transmitidos de la sociedad a los socios como consecuencia de la disolución.

3.- En el Impuesto sobre Sociedades de la sociedad patrimonial que se disuelve no se devenga ninguna renta y por lo tanto no se paga ningún impuesto respecto a los bienes atribuidos a los socios.

4.- En relación al IRPF de los socios de la sociedad patrimonial que se disuelve y que reciben bienes como consecuencia de la disolución, no van a tributar por los bienes y derechos recibidos, si bien conservan la fecha y el precio de adquisición por la sociedad, lo que supone que cuando posteriormente los socios vendan los bienes la ganancia patrimonial reflejará no sólo el tramo originado al socio sino también el tramo previo originado a la sociedad patrimonial.

Opción fiscal:
Naturalmente, la sociedad patrimonial puede optar por no disolverse y liquidarse con las importantes ventajas fiscales señaladas en los párrafos anteriores, si bien se le aplicará a partir de 2.007 el régimen fiscal general en el Impuesto sobre Sociedades o en su caso, el régimen previsto para las sociedades de reducida dimensión.

En tal caso, si existiesen bases imponibles negativas pendientes de compensar se van a poder compensar en las condiciones y requisitos previstos con carácter general (es decir, en un período de quince años y no de cuatro).

Otra cuestión fundamental va ser la distribución de los beneficios incorporados a reservas durante el tiempo en que la sociedad ha tributado de acuerdo al régimen especial y que sin embargo se distribuyen cuando la sociedad tributa con arreglo al régimen general: el legislador ha querido ser generoso y ha establecido que tales dividendos no van a tributar nada en el IRPF del socio perceptor, con independencia del momento en que el reparto se realice y sin que deba practicarse retención o ingreso a cuenta.

Debe aclararse una confusión en la que incurren muchas empresas y profesionales: una cosa es el régimen fiscal y otra el régimen mercantil. Por ello, la supresión del régimen fiscal especial en el Impuesto sobre Sociedades de las sociedades patrimoniales no supone de ninguna manera que éstas desaparezcan. Podrán continuar a todos los efectos mercantiles, sin que deban modificar su objeto social ni acudir al notario por ningún motivo, simplemente no podrán aplicar el régimen fiscal especial hasta ahora vigente.

Conclusión:
Las sociedades mercantiles (limitadas o anónimas) cuya actividad consista en la gestión de un patrimonio inmobiliario podrán continuar su actividad sin cambios en su régimen jurídico mercantil, si bien se altera radicalmente el régimen fiscal pasando del régimen especial hasta ahora vigente al régimen general en el Impuesto sobre Sociedades.

MÁXIMOS BENEFICIOS FISCALES EN LAS SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS.


Las sociedades mercantiles dedicadas al arrendamiento de viviendas situadas en territorio español gozan de enormes beneficios fiscales, con frecuencia desconocidos incluso por los administradores y abogados de tales sociedades.

Por: Francisco Mínguez Jiménez, abogado especializado en Planificación fiscal. Colaborador de PROMEIN.

Resumen
- Las sociedades dedicadas al arrendamiento de viviendas pueden reducir enormemente su factura fiscal.
- La aplicación del régimen especial requiere una solicitud expresa por parte de la sociedad a la AEAT.
- El beneficio fiscal se concreta en una bonificación del 85 por ciento de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.


La normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades (Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo) incluye un régimen fiscal especial aplicable a las “entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas”, entre cuyas particularidades destaca la posibilidad de reducir el tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades al 4,5 por ciento anual (en lugar del 30 por ciento exigible con carácter general).

Pueden acogerse a este régimen fiscal especial las sociedades que tengan como actividad económica principal el arrendamiento de viviendas situadas en territorio español que hayan construido, promovido o adquirido, considerándose fiscalmente como arrendamiento de vivienda el definido en el artículo 2.1 de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos.

Requisitos necesarios:

La aplicación del régimen fiscal especial requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:
- el número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento ha de ser en todo momento igual o superior a diez.
- la superficie construida de la vivienda no puede exceder de 135 metros cuadrados.
- las viviendas deben permanecer arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante un período mínimo de siete años.
- las actividades de promoción inmobiliaria y de arrendamiento deben ser objeto de contabilización separada, con el desglose necesario para conocer la renta correspondiente a cada vivienda.
- Si se desarrollan actividades complementarias, al menos el 55 por ciento de las rentas del período impositivo deben tener derecho a la aplicación del beneficio fiscal.

Necesario para aplicar el régimen especial:

La aplicación de este régimen fiscal especial no requiere autorización administrativa previa. Tampoco se produce automáticamente su aplicación cuando se cumplen los requisitos fijados en la Ley.

Se requiere que el sujeto pasivo opte expresamente por su aplicación, comunicándolo a la AEAT a través de escrito dirigido a la Administración o Delegación correspondiente al domicilio fiscal de la sociedad. Una vez comunicada la opción por la aplicación del régimen fiscal especial, éste se aplicará a los períodos impositivos siguientes, al menos mientras no se produzca una renuncia expresa por parte del propio sujeto pasivo (es decir, la sociedad de arrendamiento de viviendas).

Beneficios fiscales:

Se aplica una bonificación fiscal del 85 por ciento de la parte de cuota íntegra que corresponde a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que cumplan los requisitos legales. Si se tratara de arrendamiento de viviendas para discapacitados y se hubieran realizado obras de adecuación la bonificación asciende al 90 por ciento.

La base de la bonificación está constituida para cada vivienda por el resultado de minorar el ingreso íntegro obtenido, en los gastos directamente relacionados con la obtención de tales ingresos y en la parte de gastos generales que corresponden proporcionalmente.

Conclusión:

Las sociedades mercantiles (limitadas o anónimas) cuya actividad principal consista en el arrendamiento de viviendas pueden aplicar voluntariamente un régimen fiscal especial cuyo efecto principal es reducir enormemente la carga fiscal, desde el 30 por ciento del rendimiento neto al 4,5 por ciento, por lo que esta opción resulta absolutamente aconsejable.

viernes, 30 de marzo de 2007

Consultas

El servicio de consultoría jurídica PROMEIN le ofrece la posibilidad de dar pronta solución, en un plazo no superior a 48 horas** ( Se excluyen sábados, domingos y festivos ), a todas sus dudas jurídicas sobre derecho inmobiliario mediante la redacción y envío por correo electrónico de un informe sobre su consulta jurídica.

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3- El coste de la consulta jurídica es de 40 € más I.V.A.

4- En el caso de que desee efectuarnos la consulta en nuestras oficinas, el coste de la misma será de 100 € más I.V.A. En caso de interesarle plantear la consulta de modo presencial, rogamos nos haga constar esta circunstancia al exponer su consulta. En breve contactaremos con Ud. para fijar cita de común acuerdo.

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2. Asesoramiento y estudio de la opción tributaria mas conveniente para cada caso. (Estudio personalizado)

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