TRIBUNA ABC INMOBILIARIO: EL SECTOR INMOBILIARIO ANTE CCONSUMO.

EL SECTOR INMOBILIARIO ANTE CONSUMO

Dadas las frecuentes quejas de los consumidores en relación al sector inmobiliario los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Justicia han visto preciso buscar soluciones que refuercen la protección a los consumidores a la hora de adquirir una vivienda de cara a no resultar perjudicados sus intereses, salvaguardando así a los ciudadanos de prácticas abusivas, y defendiendo sus derechos, hasta incluso ampliándolos.
En este sentido el pasado mes de septiembre el Consejo de Ministros ha autorizado, a propuesta de los ministros de Sanidad y Consumo y de Justicia, la remisión del Anteproyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Económico y Social y al Consejo Fiscal para los preceptivos informes. Tras este trámite administrativo, el texto será remitido también al Consejo de Estado y, posteriormente, será aprobado por el Gobierno, que lo remitirá al Parlamento para su debate por parte de los grupos políticos.
El anteproyecto de ley general para la defensa de los consumidores y usuarios considera abusivas prácticas como la imposición de penalizaciones al comprador si éste no se acoge al crédito suscrito por el promotor o el hecho de que se le imponga el pago de tasas o impuestos, como las plusvalías, que deben ser abonadas por el vendedor. También se considera abusiva la imposición al consumidor de los gastos de las conexiones a los suministros generales de la vivienda, tales como el enganche del suministro de agua, gas, alcantarillado, etc., cuando estos deben estar integrados en el precio de venta.
En cuanto a la sumisión de arbitrajes distintos al del Sistema Arbitral de Consumo, en operaciones de compraventa y arrendamiento, se establece que la sumisión del consumidor al arbitraje no se imponga en el contrato, sino una vez surgida la controversia, para que de tal modo el consumidor pueda evaluar correctamente el alcance de esta decisión. Con esta medida, que había sido ampliamente demandada por las Comunidades Autónomas y las asociaciones de consumidores, se pretende hacer frente a la generalización en el mercado de cláusulas de sumisión a arbitrajes cuya imparcialidad no está garantizada y que son suscritas sin conocimiento real por parte del consumidor.